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Las elecciones 2006 y el sistema de partidos en El Salvador
Por Alvaro Artiga (*)
San Salvador.
El resultado de las elecciones de diputados, del pasado 12 de marzo, vuelve a mostrarnos la existencia de un multipartidismo en El Salvador. Ninguno de los partidos contendientes será capaz, por sí solo, de formar mayorías legislativas tanto simple como calificada. Para ello la negociación entre las distintas fracciones será necesaria, en especial, para el principal partido de la oposición FMLN.
El partido de gobierno, ARENA, con 34 diputados podrá formar mayoría simple con su tradicional aliado, el PCN. Juntos alcanzan 44 votos. Entre tanto, el FMLN necesitará negociar con este último partido y otro más. Con sus 32 diputados, al FMLN le faltarían 11 más y el PCN solo tiene 10. Por otro lado, para lograr mayoría calificada de dos tercios para la aprobación de las decisiones que lo requieran, como la financiación del Presupuesto General del Estado, ni ARENA ni el FMLN lo tienen fácil aún contando con los votos del resto de diputados de las otras fracciones. Aún sumando todos los votos de los otros partidos, ni ARENA ni el FMLN alcanzan 56 votos. Para ello, mientras no cambie la actual composición de la nueva Asamblea, ARENA y FMLN estarán obligados a pactar.
Por otra parte, según el calendario electoral salvadoreño, en 2009 se realizarán simultáneamente elecciones presidenciales, legislativas, municipales y del diputados al PARLACEN. Esto sólo ocurre cada quince años. En este panorama, aunque otra vez El Salvador tendrá un período de tres años libre de elecciones (como entre 1994-1997 y 2000-2003), la competencia de 2009 arrojará sobre este lapso una “sombra” sobre las relaciones entre los partidos.
En otras palabras, es de esperar que los partidos políticos, especialmente ARENA y FMLN, se comporten en esta coyuntura pensando en las elecciones de 2009. El virtual empate electoral en 2006 recuerda el empate militar de la década de 1980, durante la guerra civil. Si bien el hecho de disputar el poder político por medio de los votos es un cambio sustancial a hacerlo por las balas, el predominio del enfrentamiento sobre el diálogo y la negociación tensará aún más al sistema político. Ello ocurrirá en un ambiente de mayor crispación por la violencia social, las nuevas demandas relacionadas con el agua, los recursos energéticos y las que se deriven de inundaciones, terremotos y erupciones volcánicas, esperadas entre 2006 y 2009.
A este cóctel hay que sumar las tradicionales demandas económicas y sociales, agravadas por un ambiente de endeudamiento público que está alcanzando niveles inmanejables. La prospectiva no es nada esperanzadora. La emigración como vía de escape se ha vuelto no solo más difícil de transitar sino más riesgosa. En tales condiciones la pregunta obligada es: ¿cuánto más aguantará el país?
Las elecciones 2006 permitieron que se pusiera en evidencia la poca vigencia del Estado de Derecho en el país. La legislación electoral fue violada por todos los partidos. Desde la integración del Tribunal Supremo Electoral hasta la publicación de los resultados definitivos adolecieron de anomalías. Pero la Constitución misma fue violentada incluso por el Presidente de la República quien, haciendo prevalecer su cargo, pidió el voto para su partido. Por más voces ciudadanas que se pronunciaron al respecto, nada ocurrió. Los partidos han hecho sentir a la población que están por encima de la ley. No hay ninguna señal que indique que eso haya mermado. Al contrario, si no hay una presión mucho más fuerte sobre partidos, funcionarios y políticos para que se sometan a la ley, lo que hay que esperar para el periodo 2006-2009 es mayor irrespeto a las leyes, probablemente ya no solo de aquellos sino ahora incluso de cada vez más sectores de la población.
No parece ser éste el mejor ambiente para las inversiones económicas. Paradójicamente, quizá sea el interés egoísta del lucro empresarial el que lleve a los que concentran el poder económico en el país a buscar un cambio en la política nacional. Un comportamiento tal no resulta descabellado imaginarlo. Al final de cuentas, la finalización del conflicto armado de la década de 1980 fue posible, en parte, por la existencia de un razonamiento semejante: las inversiones económicas son más productivas en un ambiente de paz y no en uno de guerra.
(*) Alvaro Artiga es director de la Maestría de Ciencias Políticas de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), de El Salvador.
