El Salvador se ha convertido en los últimos dos años en el país más violento de América Latina, una región considerada de suyo como la más violenta del mundo en términos de inseguridad ciudadana y de violencia criminal. Con tasas de homicidios que superan anualmente los 50 asesinatos por cada 100,000 habitantes, este país centroamericano paradójicamente se ha caracterizado por implementar algunas de las políticas más represivas en el combate de la delincuencia, en especial, la provocada por las pandillas juveniles. Sin embargo, los estudios más sistemáticos sobre la violencia en el país han sugerido precisamente que el incremento en los niveles de criminalidad, sobre todo de aquella que se expresa como homicidios, comenzó precisamente cuando el gobierno de Francisco Flores a mediados de 2003 lanzó el Plan Mano Dura, el cual supuso la persecución y encarcelamiento masivo de pandilleros juveniles o de jóvenes con sospechas de serlo. Desde entonces, la violencia se ha incrementado en el país y de acuerdo a declaraciones de los mismos funcionarios policiales, las pandillas han dejado de ser el tradicional grupo de delincuentes de calle, para convertirse en bandas bien organizadas del crimen organizado, las cuales han llegado a infiltrar a la misma policía.
 
¿Cómo fue posible que sucediera esto? ¿A qué se debe el indiscutible fracaso del Estado salvadoreño para reducir la violencia y controlar a las maras? Las respuestas se encuentran en el carácter electoral y político-partidista que han tenido las políticas de mano dura, y la consecuente ausencia de una política criminal que involucre a todos los actores políticos y sociales salvadoreños.

Antes que políticas para atender el problema de la seguridad, los programas de mano dura, así como también sus derivados (Súper Mano Dura, Mano Amiga, Mano Extendida, etc.) fueron concebidos fundamentalmente para ayudar al partido de gobierno para obtener votos en las distintas elecciones nacionales que han tomado lugar en 2004 y 2006. Desde ese punto de vista, los programas antipandillas han sido un éxito: no solo han logrado que el oficialismo se mantenga en el control del Ejecutivo, sino también han potenciado la imagen pública de los funcionarios del partido oficial y de la derecha.

A pesar del fracaso de las políticas de mano dura por resolver el problema de la violencia, el Presidente y su partido son vistos, por mucho, como los más capaces para combatir la delincuencia y las maras. Esto no ha hecho sino agudizar un ciclo aparentemente contradictorio, pero claramente perverso para la seguridad pública de los salvadoreños: los réditos electorales de ese tipo de planes solo contribuyen a su mantenimiento y su fortalecimiento, aún cuando son totalmente inefectivos y, en muchos casos, contraproducentes, incrementando así las condiciones para que el problema de la violencia se vuelva aún más complejo y más grave.

Las últimas elecciones legislativas y municipales fueron, en tal sentido, un escalón más en esa espiral en la que la política contribuye a la violencia y la criminalidad. Bajo la bandera del combate de la criminalidad, ARENA, el partido gobernante, propuso la continuidad de las fracasadas políticas de represión, prometiendo inclusive impulsar medidas legislativas que vulneran principios democráticos y republicanos fundamentales. Por su parte, el FMLN, atrapado en el discurso de la génesis absoluta de los problemas en las estructuras económicas, no llegó a articular una propuesta sistemática de atención al problema de la criminalidad, lo cual dejaba nuevamente a ARENA como el abanderado de la seguridad ciudadana.

Al final de cuentas, el resultado de las elecciones, según el cual ninguno de los partidos se alza con la victoria absoluta, deja un escenario muy poco diferente del que ha prevalecido en los últimos años. El Ejecutivo seguirá insistiendo en sus ineficaces programas represivos, probablemente con algunas variaciones en la forma de los mismos, pero seguirá ignorando la complejidad del problema de la violencia y enfatizando el uso de la fuerza para un problema en el que claramente se necesita un enfoque social y una política visionaria, mientras que el FMLN  seguirá ignorando la gravedad del problema y la necesidad de articular respuestas claramente encaminadas a reducir el crimen.

En resumen, el escenario de polarización política en el que resultaron las elecciones legislativas y municipales solo augura la ausencia de una política de Estado en materia de seguridad pública y la continuación, quizás con matices, de las manos duras electorales. Eso solo fortalecerá a quienes han hecho de la inseguridad un negocio espectacular y debilitará las oportunidades para construir un Estado de derecho que funcione para todos.

(*)  Miguel Cruz es director del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), de la Universidad Centroamericana “José Siméon Cañas” (UCA).